La justicia comprensible no debería ser una aspiración, sino una condición básica de cualquier democracia. Las leyes tendrían que poder ser entendidas por cualquier ciudadano de buena fe, sin necesidad de recurrir permanentemente a especialistas para conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Cuando una sociedad necesita intérpretes para comprender las reglas que la gobiernan, algo dejó de funcionar como debería.
En Argentina ocurre con demasiada frecuencia.
La Justicia rara vez habla por sí sola. Hablan los abogados. Y, antes que ellos, hablan los políticos que redactan las leyes.
No se trata de cuestionar la existencia de abogados. Toda sociedad necesita profesionales del Derecho. El verdadero problema aparece cuando el lenguaje jurídico se vuelve tan complejo que la ley deja de ser accesible para la mayoría de las personas.
Cuando eso sucede, la Justicia deja de ser un patrimonio común y comienza a parecer un idioma reservado para unos pocos.
El desafío del lenguaje claro no es solo técnico, sino estructural
Hablar de “lenguaje claro” suele enfocarse como una mejora en la forma de comunicación. Sin embargo, su impacto va más allá de la redacción: implica revisar cómo se organiza el acceso a la información dentro del sistema judicial.
Durante mucho tiempo, la complejidad del lenguaje jurídico cumplió una función operativa dentro de las instituciones. No necesariamente por diseño, sino por tradición, formación profesional y dinámicas internas que consolidaron formas de expresión altamente técnicas.
En ese contexto, avanzar hacia un lenguaje más comprensible no significa simplificar el contenido ni perder precisión jurídica. Significa fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones, reduciendo distancias innecesarias en la comprensión de los procesos.
Este enfoque no modifica la esencia del sistema de justicia, pero sí mejora su alcance: permite que más personas puedan entender decisiones, procedimientos y estructuras que las afectan directamente.
En definitiva, el lenguaje claro no reemplaza el rigor jurídico, sino que lo hace más accesible y funcional a los fines de transparencia y cercanía institucional.
Justicia comprensible o leyes incomprensibles
Cada vez que surge un conflicto importante aparecen abogados, jueces, periodistas especializados y analistas explicando qué quiso decir una norma, cómo debe interpretarse un artículo o cuál es el verdadero alcance de un fallo judicial.
Entonces surge una pregunta inevitable:
Si una ley necesita tantas explicaciones para ser comprendida, ¿realmente fue escrita con claridad?
Con el tiempo, el Derecho fue incorporando artículos, excepciones, reglamentaciones, doctrina y jurisprudencia que enriquecen el sistema jurídico, pero que también lo vuelven cada vez más difícil de comprender para quien no pertenece al mundo legal.
El resultado es una creciente distancia entre la Justicia y la ciudadanía.
Muchas personas sienten que no pueden entender por sí mismas las reglas que organizan su vida cotidiana y terminan dependiendo de interpretaciones ajenas.
Una experiencia que vivimos en EPF
En EPF Electrónica Para el Futuro recibimos con frecuencia consultas de familiares de nuestros alumnos relacionadas con cuestiones legales: conflictos laborales, sucesiones, alquileres, accidentes, problemas de familia o distintos trámites administrativos.
Como nuestra institución no brinda asesoramiento jurídico, siempre derivamos esas consultas a abogados de confianza que colaboran con nosotros y a quienes agradecemos profundamente su compromiso.
Esa experiencia nos permitió observar algo que se repite una y otra vez.
La enorme mayoría de las personas no busca encontrar vacíos legales ni sacar ventaja del sistema. Solo quiere comprender qué puede hacer, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
Los abogados cumplen un papel esencial dentro de una sociedad organizada. Sin embargo, también es válido preguntarse por qué tantas personas necesitan un intérprete para comprender leyes que fueron escritas para toda la ciudadanía.
El origen del problema
Las leyes son redactadas por el Poder Legislativo, integrado por representantes elegidos democráticamente.
Ese mecanismo forma parte de nuestro sistema republicano y merece ser respetado. Sin embargo, una cosa es la legitimidad democrática y otra muy distinta es la calidad técnica de muchas normas.
Con demasiada frecuencia encontramos leyes redactadas con conceptos ambiguos, contradicciones, vacíos normativos o una complejidad tal que luego requieren extensos decretos reglamentarios, nuevas interpretaciones judiciales o sucesivas reformas para poder aplicarse correctamente.
Cuando una norma necesita cientos de páginas adicionales para explicar cómo debe implementarse, quizás el problema no esté únicamente en quien la interpreta, sino también en cómo fue concebida.
Las buenas leyes deberían ser precisas, coherentes y comprensibles desde el momento en que son aprobadas.
¿Por qué falta una Justicia comprensible?
Muchos argentinos perciben una Justicia lenta, costosa y difícil de entender.
- Procesos judiciales que se prolongan durante años.
- Expedientes interminables.
- Resoluciones redactadas en un lenguaje inaccesible.
- Normas que parecen cambiar según el contexto político.
- Más allá de cada caso particular, existe una consecuencia común: la pérdida de confianza.
- Cuando las personas dejan de comprender el funcionamiento del sistema judicial, también comienzan a desconfiar de él.
- Y una Justicia que no inspira confianza pierde parte de la autoridad moral que necesita para cumplir su función.
Hacia una Justicia comprensible
Quizás una de las reformas más importantes no requiera construir nuevos edificios ni crear más organismos.
Tal vez el verdadero cambio consista en escribir mejor.
Toda ley importante debería estar acompañada por una explicación sencilla destinada al ciudadano común.
El lenguaje claro debería convertirse en una obligación y no en una excepción.
Las normas deberían poder ser comprendidas sin necesidad de traducir cada artículo al lenguaje cotidiano.
Eso no elimina el trabajo de abogados, jueces o fiscales.
Al contrario.
Les permite concentrarse en resolver conflictos complejos y no en explicar permanentemente qué quiso decir una ley.
La Justicia debe volver a hablarle a la sociedad
Las leyes existen para organizar la convivencia de toda una sociedad, no únicamente de quienes estudiaron Derecho.
Una democracia sólida necesita ciudadanos capaces de comprender las normas que regulan su vida.
Porque cuando la ley deja de ser comprensible para la mayoría, la distancia entre la Justicia y la ciudadanía comienza a crecer.
Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, la confianza se debilita.
Una Justicia comprensible no significa simplificar el Derecho ni reducir su calidad técnica. Significa redactar leyes claras, transparentes y accesibles para que cualquier ciudadano pueda conocer las reglas que rigen su vida sin depender permanentemente de un intérprete.
Ese debería ser el objetivo de toda democracia moderna.
Porque las leyes no fueron escritas para abogados ni para políticos.
Fueron escritas para la sociedad.
Y cuando la sociedad deja de entenderlas, la Justicia corre el riesgo de transformarse en un poder distante en lugar de ser una verdadera garantía de igualdad ante la ley.
Nota del autor: El concepto de «Justicia comprensible» ya forma parte de diversas iniciativas impulsadas por organismos judiciales nacionales e internacionales para promover el uso de un lenguaje claro y facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Este artículo se suma a ese debate desde la mirada de un ciudadano y educador.
«Una ley que el ciudadano no puede comprender termina siendo una ley que otros terminan interpretando por él.»
Ing Pedro Mihovilcevich – Director de EPF
Porque una sociedad mejor comienza cuando entendemos cómo funciona. Y «Nadie debería necesitar estudiar Derecho para comprender las reglas básicas con las que organiza su vida como ciudadano.»
Excelente nota Profesor!! Coincido plenamente. La justicia comprensible o accesible, debe ser una prioridad en el Poder Judicial. El ciudadano común, sin necesidad de ser experto, debe poder entender resoluciones, comunicaciones, sentencias, etc., de forma clara y de tal manera que se reduzca la brecha entre el lenguaje técnico jurídico tradicional, formal, y el cotidiano. Una manera de promover el acceso efectivo a la justicia y la confianza hacia las instituciones.
Saludos.